El 28 de julio, el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto 1718-2017-PE, el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenaza las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

El reciente proyecto 1718-2017-PE toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333 al desarrollarlas de manera más ordenada y perfeccionar los procedimientos, pero en el fondo tienen el mismo espíritu: afectar los derechos a la tierra y territorio de las comunidades campesinas, comunidades nativas y agricultores familiares del país.

Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollarán proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, hizo suyos los argumentos que presentaron las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Finalmente, por mayoría absoluta, se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa se envió al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento.

El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada. Esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones que entran en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP, y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras.

Por su parte, la justificación que el Estado da sobre esta norma es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales.

Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas. Además, existen casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de estas no están georreferenciadas, al no existir un catastro que de información sobre los límites exactos.

La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos y peruanas. El Estado no puede favorecer constantemente a un grupo inversionistas, pues reduce los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los pequeños agricultores. Al hacerlo, actúa de manera discriminatoria, sin respetar la Constitución Política.

Por ello, desde el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra exhortamos al Gobierno a entablar procesos de diálogo con organizaciones representativas y cumplir con el proceso de Consulta Previa, ya que esta norma afecta a derechos de las comunidades. Asimismo, solicitamos al Gobierno invertir recursos para saldar la deuda historia en materia de titulación de comunidades, de modo que no se generen nuevos procesos de conflictividad social y el país se encamine hacia un ordenamiento del territorio nacional.

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