El 21 de setiembre de 2017, por iniciativa del congresista Luis Humberto López Vilela, del Grupo parlamentario Fuerza Popular, se presentó el proyecto de ley 1910 que estaría orientado a la titulación masiva de predios agrícolas en tierras que han sido reconocidas y tituladas como comunidades campesinas, buscando el desmembramiento y la disolución de la organización comunal de las comunidades de Piura, protegida por lo art. 89 de la Constitución, la ley general de comunidades campesinas, ley 24656, otras normas de la materia y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Actualmente, la región de Piura cuenta con un total de 136 comunidades campesinas -que ocupan aproximadamente más de un tercio del territorio total de la región- de las cuales 125 están reconocidas y tituladas, pero aún es necesario la actualización de la delimitación y georreferenciación de sus tierras, y principalmente la titulación de 11 comunidades campesinas.
La iniciativa está formulada a través de un único artículo denominado “Declaratoria de interés público e interés nacional” cuya redacción denota ambigüedad, imprecisión e ignorancia en materia de comunidades; que leída con la exposición de motivos del mismo proyecto, deja en claro la intención del legislador de abordar la problemática de la formalización de la propiedad en el ámbito rural desde una visión sesgada que contradice la Constitución, tratados internacionales y las normas de la materia. Asimismo, dicho proyecto no hace referencia al régimen legal de propiedad colectiva (que es el que asiste a las comunidades campesinas y nativas) y solo se centra en la promoción del régimen de propiedad individual. Esto lo justifica con la necesidad de promover un “mercado de tierras” que beneficie a los agricultores a través del saneamiento y registro de la propiedad, la que permitiría aumentar su valor económico, poder acceder al crédito y además promover la reconcentración de la tierra.
La formulación del proyecto de ley 1910 nos genera una preocupación alarmante debido al desconocimiento e ignorancia para legislar sobre tierras y territorios de comunidades campesinas; al no hacer ninguna alusión al régimen de propiedad comunal y su diversa normativa que ampara y garantiza los derechos territoriales de las comunidades campesinas. Esta acción que vulnera derechos, no se puede ver de manera aislada, sino más bien dentro de un conjunto de iniciativas legislativas (P.L. 1718/2017, D.L. 1192) que lamentablemente se promueven desde el Estado (Poder Ejecutivo y Legislativo) para debilitar el marco de protección de derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas.
Todos estos nuevos embates buscan facilitar el acceso a las tierras de comunidades para beneficiar a grandes inversionistas; en este caso en la región de Piura se busca fragmentar la propiedad comunal y como menciona el proyecto reconcentrar la tierra; lo que generará una inseguridad jurídica en los derechos adquiridos no solo en las comunidades campesinas de Piura, sino en las más de 10 mil comunidades campesinas y nativas, base de los pueblos indígenas y originarios de todo el Perú.
Desde el Colectivo Territorios Seguros y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra exhortamos al Estado peruano, a través del Congreso de la República y la Comisión de Agricultura, que reconozca la inconstitucionalidad e ilegalidad de este proyecto y ordene su inmediato ARCHIVAMIENTO. Además, solicitamos al Poder Ejecutivo que cumpla con la obligación de titular y brindar seguridad jurídica sobre la totalidad de tierra y territorio de comunidades y pueblos indígenas.
(Foto: La República)
