El 20 de octubre, en Cusco,  y el 17 de noviembre , en Junín, se realizaron los talleres "Fortaleciendo la Unidad de los Pueblos Originarios: Hacia la defensa de los derechos colectivos" con  el objetivo de fortalecer la articulación de las organizaciones indígenas regionales y así potenciar su capacidad de incidencia en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Ambos talleres fueron organizados por el Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, NuestraTierra y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, en alianza con el Pacto de Unidad Perú, 

Taller regional en Cusco 

Al taller asistieron representantes indígenas locales y nacionales, investigadores del CEPES y funcionarios públicos. Se trataron temas como la titulación de tierras comunales, la autoidentificación con miras al Censo 2017 o las normas legales contra la tierra y el territorio. 

Respecto a esta última, se visibilizaron los discursos políticos contra las comunidades y sus tierras y las normas que les afectan en los últimos décadas, las cuales nunca fueron sometidas a procesos de diálogo y no toman en cuenta los intereses de las comunidades.

Los participantes llegaron a varios acuerdos como exigir al Estado que se priorice la titulación de tierras comunales, la georreferenciación de las tierras comunales. Al respecto, Victor Pizarro de la FARTAC, llamó la atención sobre la falta de georreferenciación e información cartográfica sobre las comunidades. “A esta situación se suma la falta de títulos comunales seguros, lo que pinta un cuadro adverso para los pueblos”, afirmó Pizarro.

Respecto a las normas que atentan contra la tierra y el territorio, los participantes acordaron fortalecer las organizaciones sociales a través de capacitaciones ligadas al tema de territorio, crear escuelas políticas para fortalecer capacidades de comuneros y comuneras, particularmente a las nuevas generaciones, realizar movilizaciones contra las leyes, normas, decretos, etc. que amenazan a pueblos indígenas originarios y dirigente, entre otros.

Los líderes y lideresas expresaron su preocupación por dichas normas, “estamos preocupados por los paquetazos normativas que amenazan el territorio de las comunidades del Perú, especialmente por el avance del Decreto Legislativo 1718”; señaló Ricardo Colque de la FDCC . Por su parte, Ángela Chislla, de ONAMIAP, enunció el reclamo de las comunidades por la titulación integral del territorio de las comunidades indígenas y puso especial énfasis en la necesidad de garantizar la participación de las mujeres en espacios intra y extra comunales. En este sentido, Marisa Marcavilla de FENMUCARINAP, resaltó “ la necesidad de modificar los estatutos comunales para garantizar la visibilidad y la participación política y económica de las mujeres”.

Cabe resaltar que los líderes y lideresas suscribieron la Declaración del Cusco, instrumento que condensa las demandas de los pueblos indígenas de la región, donde exigieron al Ministerio de Cultura la ampliación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, una nueva institucionalidad indígena que cuente con representación efectiva de los pueblos indígenas en instancias decisoras y una ley de tierras y territorios que garantice el reconocimiento y titulación integral de sus territorios.

Taller regional en Junín

En la ciudad de La Merced, el 17 de noviembre de 2017, las y los representantes de las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad Regional de Junín y representantes de las organizaciones indígenas que integran el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, a partir del diálogo sostenido en torno a los temas desarrollados en el taller, asumieron acuerdos, compromisos y tareas respecto a temas como mujer y territorio, marcos legales sobre tierra y territorio y justicia indígena.

Mujer, tierra y territorio

Los líderes y lideresas indígenas se comprometieron a incluir en la agenda de las bases regionales la promoción de derechos económico, sociales y culturales de las mujeres indígenas y campesinas; reforzar las iniciativas de empoderamiento de las mujeres indígenas y campesinas; promover espacios de capacitación y empoderamiento de mujeres indígenas y campesinas; reconocer y valorar la imporante labor de las mujeres indígenas y campesinas como defensoras de la tierra y territorio de nuestros pueblos; y garantizar una mayor presencia y participación de las mujeres indígenas y campesinas en los espacios de toma de decisiones intra comunales y extra comunales.

Marco legal de protección a los pueblos indígenas

Algunos de los acuerdo respecto a este tema fueron promover la ampliación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, para que incorpore información detallada de cada comunidad y pueblo indígena del país, incluyendo la referida al estado de la titularidad de sus territorios. 

Marco legal que atenta contra la tierra y territorio.

Los y las participantes acordaron fortalecer las organizaciones sociales a través de capacitaciones ligadas al tema de territorio y escuelas políticas para mejorar las capacidades de comuneros y comuneras, particularmente a las nuevas generaciones. También se comprometieron a realizar talleres informativos y sensibilizar sobre las amenazas de leyes, normas, decretos y proyectos de ley a los pueblos indígenas, así como a promover  derogación de estas leyes, como los proyectos de ley 1718, 1910 y otros que amenazan a los pueblos indígenas originarios.

Justicia indígena

Los líderes y lideresas indígenas se comprometieron a defender su derecho consuetudinario o derecho propio de las costumbres de los pueblos indígenas, defender su derecho a la libre determinación y a la autonomía de sus funciones jurisdiccionales, garantizar el respeto al medio ambiente, tierra y territorio.

Finalmente, las y los representantes de las organizaciones indígenas regionales y nacionales acordaron efectuar un seguimiento conjunto y permanente para el cumplimiento de los acuerdos, comprometiéndose a asumirlos e incorporarlos en sus respectivas agendas institucionales para su incidencia pública ante las diferentes instancias e instituciones públicas nacionales y regionales.