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LA LEY DEL DEPOJO (PL 1718) AÚN ESPERA DEBATE EN PLENO

Proyecto de Ley 1718 afectará seguridad territorial de los pueblos indígenas y pequeños agricultores del Perú

Publicado: 2017-12-07

A poco del fin de la legislatura, aún se encuentra en agenda del pleno del Congreso el debate sobre el Proyecto de Ley N° 1718 que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas, y que ha sido catalogada como “La ley del despojo”. Los miembros de la sociedad civil organizada y representantes de organizaciones indígenas nacionales hemos advertido que esta norma constituye una nueva amenaza a la seguridad territorial de nuestros pueblos indígenas andinos y amazónicos, así como a los pequeños agricultores.

La norma, presentada por el Pedro Pablo Kuczynski el 28 de julio pasado, plantea regular la obtención de inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura, mediante la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), organismo que se encargaría de sanear los terrenos necesarios para el ingreso de inversionistas y que estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los líderes y lideresas de organizaciones indígenas hemos advertido que se trata de una copia del Decreto Legislativo 1333, derogado el 25 de mayo por el pleno del Congreso, por afectar los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas. Decisión que luego fue observada por el Ejecutivo y que ha quedado vigente hasta el momento.

¿POR QUÉ LA OPOSICIÓN?

Con dos dictámenes a favor y dos dictámenes en minoría en contra del proyecto, en las comisiones de Economía y Descentralización, la propuesta ha generado el rechazo de las organizaciones nacionales, regionales y locales de pueblos indígenas y de pequeños agricultores, quienes sustentamos el 80% de los productos de la canasta alimentaria nacional en nuestros territorios, según la FAO.

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, conformado por organizaciones de la sociedad civil, advierte que la creación del APIP generaría una duplicidad de funciones y confusión en torno al saneamiento y titulación de tierras, cuya rectoría actualmente la tiene el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Las organizaciones de pueblos indígenas nos oponemos debido a que existe una gran demanda por la titulación colectiva de las comunidades campesinas y nativas, que lleva décadas y que sería ignorada por dar preferencia a los inversionistas. Son más de 10 mil comunidades del Ande y la Amazonía quienes verían afectada la precaria seguridad de sus territorios de ser aprobado este proyecto de ley.

Según datos del Instituto del Bien Común, son aproximadamente 2919 nuestras comunidades campesinas y nativas que aún no tienen título de propiedad, y quienes serían las principales perjudicadas. Al respecto, los y las representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú hemos criticado en varios pronunciamientos que la demanda por el saneamiento físico y legal del territorio de las comunidades haya tardado décadas, mientras que para los inversionistas se creen procedimientos especiales que aceleran los trámites.

Según la OIT, nuestras comunidades campesinas y nativas son unidades económicas y productivas relevantes en el mundo rural y configuran la vida social de sus miembros, sin embargo, enfrentan problemas de titulación imperfecta, falta de georreferenciación, superposiciones de territorios y ausencia de un catastro actualizado que ayude a discernir los límites precisos. Lo que generaría conflictos a largo plazo.

A esto se suma que, pese a que la normativa contempla la exclusión de tierras en posesión de pueblos indígenas, la mitad de comunidades campesinas no están consideradas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, principal referente estatal para decidir quién es y no es indígena, y a quién se le aplica el derecho a la Consulta Previa.

Por ello, los y las representantes indígenas exigimos que la norma sea derogada y que se llame a un proceso participativo. Además, pedimos que se nos consulte a los pueblos indígenas normas de este tipo que afectan nuestros derechos colectivos.

Desde la sociedad civil se recuerda que la norma sigue la lógica de “reactivación económica”, que desde 2013 viene operando a través de la aprobación de normas jurídicas que viene debilitando el marco de protección de derechos humanos para beneficiar a las inversiones en el país solo hace recordar los primeros paquetes anti ambientales, territoriales y anti-indígenas, que surgieron en el gobierno de Ollanta Humala, y cuyos resultados hasta el momento no han logrado ninguna reactivación económica.



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